Pedro Sánchez y su gobierno contra las libertades
Desde mi guarida
Ángela
6-11-2020
Pedro Sánchez tiene prisa. ¿Cuántos Decretos Ley ha firmado desde que llegó al gobierno tras unas votaciones en las que su partido obtuvo menos votos que nunca en su historia? Ni ellos mismos lo saben. Cada día sacan un nuevo decreto o una nueva normativa, cualquier cosa que nos afecta a todos y que con el coronavirus ni siquiera nos damos cuenta de que con cada nuevo decreto nos van quitando libertades. Les ha venido muy bien el coronavirus a todos los dirigentes, pero a un gobierno totalitario como el que preside Pedro Sánchez, le ha venido de perlas. Por eso tiene tanta prisa. Tiene que aprovechar mientras dure el coronavirus para que no nos demos cuenta de que nuestros derechos como ciudadanos son conculcados cada día.
El Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado el 6 de octubre de 2020 a instancias de Carmen Calvo Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (Memoria Democrática, otro Ministerio orwelliano) ha salido publicado en el BOE el 5 de noviembre. Con este Procedimiento el gobierno de Pedro Sánchez pretende acabar con la libertad de expresión y con el derecho a la información de los ciudadanos, con la excusa de acabar con la desinformación. ¿A qué llaman desinformación? A toda información que el gobierno considere que va en contra de sus intereses políticos.
Comienza el documento diciendo que el “acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas” y que “por este motivo, la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales en nuestra Constitución”, para decir a continuación: “sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”. Para evitar esa mala influencia, el gobierno de Sánchez se convierte en nuestro perro guardián, ya que considera al ciudadano incapaz de discernir la buena información de la mala. El gobierno es el que decide qué información podemos recibir y cual no.
“Las acciones y procesos recogidos en este procedimiento ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido”. O sea, que si una determinada información no les favorece, el Estado se encargará de que no llegue al ciudadano.
“Por otro lado, dichas acciones apoyarán el fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la comunicación pública”. La única información “veraz, completa y oportuna” es la que decida el gobierno y los medios de comunicación que le son afines.
“Por último, este procedimiento incluye un aspecto de sensibilización de los organismos públicos y privados implicados, así como la colaboración entre ellos”. Es decir que los medios de comunicación públicos y privados serán los chivatos del gobierno. Como la mayoría de los medios de comunicación dependen de las subvenciones, de la publicidad pagada por el gobierno, porque no pueden mantenerse con sus pocos lectores, harán lo que sea para estar a bien con el que paga, o sea, el gobierno. Y el medio de comunicación que no acepte “colaborar” que se atenga a las consecuencias. Un periodista no está obligado a dar a conocer sus fuentes ni siquiera ante un juez, ¿y el gobierno pretende que cualquier medio de comunicación o asociación le de información pasando por encima de los jueces? Vamos derechos a una república bananera.
“Acorde con los órganos y organismos que conforman el Sistema de Seguridad Nacional, se establece una composición específica para la lucha contra la desinformación. La estructura está constituida por los siguientes componentes: 1. El Consejo de Seguridad Nacional. 2. El Comité de Situación. 3. La Secretaría de Estado de Comunicación. 4. La Comisión Permanente contra la desinformación. 5. Las Autoridades públicas competentes. 6. El sector privado y la sociedad civil”.
El procedimiento establece cuatro niveles:
Nivel 1: Nivel con capacidad para actuar a nivel técnico de detectar, realizar la alerta temprana y notificar según su comunidad de referencia.
Nivel 2: Nivel con capacidad para apoyar la coordinación, sincronizar y priorizar todos los esfuerzos en la lucha contra la desinformación
Nivel 3: Nivel en el que se adoptan decisiones y marcan objetivos de carácter político-estratégico con el objeto de hacer frente a una campaña de desinformación.
Nivel 4: Nivel de gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional.
Como se puede observar, sólo en el nivel 4 se habla de seguridad nacional. Esto es importante porque ante el revuelo que se ha producido al salir en el BOE este Procedimiento que afecta profundamente a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, al derecho a la información, el gobierno ha salido por la tarde diciendo que el Procedimiento «tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país» y que «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones». No es cierto esto que dice. Es una aclaración ridícula. Todos los gobiernos de todos los países tienen unos servicios secretos que se dedican a controlar cualquier información internacional que les afecte. Eso no es nada nuevo. El CNI y otros organismos de información tienen gente dedicada a estudiar cualquier información que países amigos o enemigos difundan sobre España.
Sólo a un gobierno totalitario se le ocurre crear un organismo permanente para “evaluar”, es decir, controlar, dirigir, prohibir la información.